A casi un año de su detención, no solo no se le ha dictado sentencia a Felipe Álvarez, Ignacio del Valle y Héctor Galindo, detenidos el 3 de mayo en Texcoco luego del desalojo de los floristas del mercado por policías estatales, sino que se ha vuelto a abrir la instrucción para dar paso a careos. Esto quiere decir, que el caso se vuelve a abrir pese a que el 13 de abril debía haberse emitido la sentencia.

A un año...

Un año ha pasado y los procesos, plagados de irregularidades y abusos, parecen apuntar hacia prolongar los castigos contra los activistas atenquenses

Será hasta el 13 de mayo próximo cuando su situación legal tenga un avance e incluso se prevé, los procesados serán citados a declarar el 3 y 4 de mayo próximos para interrumpir las actividades programadas por el aniversario de los hechos en que murieron dos jóvenes, se detuvo a más de 200 personas –quienes denunciaron tortura- y 27 mujeres fueron violadas por elementos de seguridad.

Desde el 6 de febrero hasta el momento, la sentencia se la ido retrasando. Las causas por las que están siendo procesados son ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado contra el director general del gobierno de Texcoco Rosendo Rebolledo Montiel el 8 de febrero de 2006 y cinco funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado de México, en abril del año pasado.

Una vez que ingresaron al penal, ellos tuvieron que desistir de la aplicación formal del Protocolo de Estambul (un estudio médico para determinar jurídicamente si un prisionero fue torturado). Felipe “tenia rotas las costillas” y no podía mantenerse en pie. “las lesiones ponían en riesgo su vida”. Ni ellos, ni quienes purgan procesos en Santiaguito recibieron mas que un chequeo médico de rutina. “Todos, todos iban lesionados” recuerda Rosa Nelly, madre de Héctor Galindo.

“La única forma de superar el miedo es enfrentándolo”.

Trini Ramírez

Esposa de Ignacio del Valle, preso en Altiplano; madre de César (preso en Santiaguito) y de América y Ulises, quienes cuentan con órdenes de aprehensión

“Es muy difícil volver a vivirlo (el aniversario), recordar cómo entraron, cómo pierdes a tus hijos”. Trini tiene confianza en que sus hijos América y Ulises estén bien, aunque no pueda verlos, pues aún tienen consigo una orden de aprehensión.

“El sentimiento no me gana, el dolor me fortalece. Voy a seguir dando la lucha. No se van aperdonar las violaciones contra nuestras compañeras y el asesinato de Javier Cortés y Alexis Benhumea. Están en nuestra mente y corazón”.

Trini, quien hace poco volvió a escuchar que el gobierno replantea proyecto del aeropuerto, comenta: “no vamos a permitir que nos quiten la tierra. Se están acercando (el gobierno federal) con los comisariados. La tierra es nuestra madre y a una madre no se le entrega”.

Castigo para el preso, extensivo a los familiares

Rosa Nelly

Madre de Héctor Galindo, abogado preso

No son pocas las denuncias que han circulado en torno al trato que reciben familiares que visitan a los presos, especialmente en las cinco prisiones federales. Entre otras cosas, además de una exhaustiva revisión que implica por desnudar a las visitas, hecho que les incomoda.

“Cuando me desvisten (las custodias) siento la morbosidad, no sé si les excite. Me he enfermado de estrés, aquí no eres Rosa Nelly, eres cero”. Los presos no tienen comunicación prácticamente con nadie.

Felipe Álvarez solo ha podido ver a su hermano, y en una ocasión a su concubina; Ignacio del Valle solo ha visto a su hermana, pues su esposa Trinidad Ramírez del Valle, “Trini”, apenas puede estar en la calle gracias a un amparo y a Héctor Galindo se le ha negado la visita de su madre.

“¿Porqué el Tribunal Superior de Justicia no lo ha resuelto en un año?”

La abogada Bárbara Zamora, del buffete jurídico Tierra y Libertad quien da cobertura jurídica a Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, cuestiona el "tortuguismo" con que ha demorado la sentencia.

Solamente pueden comunicarse a través del teléfono menos de diez minutos y recibir no más de diez hoja escritas a mano y sin dibujos.

Un oficio de la Secretaría de Seguridad Pública con la rúbrica DG/1117/2007 del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención Readaptación Social refuta: “No existe restricción alguna para que se deposite la correspondencia por el área de oficialía de partes o que se limite la cantidad de hojas que conforman la misma”.

No por nada dice Bárbara Zamora abogada de Álvarez y de Del Valle,, “no son centros de readaptación, sino de exterminio”. Solo los abogados pueden ingresar a las audiencias, a puerta cerrada y al interior del penal, donde además, no hay descansos para comer y todo lo que existe es una máquina expendedora de golosinas.

Por estas “medidas de seguridad”, hay que ir vestido además de determinado color (nada negro, azul o beige), el expediente pasa pero un bolígrafo no. Sin embargo, para los abogados varones, la revisión “es superficial”, comenta Zamora. Rosa Nelly escribe todo lo que puede en una hoja tamaño oficio con letra tan pequeña que tiene que guiarse con una regla para aprovechar todo el espacio que pueda. Tan hermético es el trato, que si bien pueden llegar a comunicarse con los defensores con sus clientes, es a través de una gruesa vitrina sellada de vidrio.

“Tortuguismo” en el proceso legal

El proceso legal que se sigue a los activistas de San Salvador Atenco contiene varias irregularidades. Por ejemplo, desde el hecho que el juez federal Willy Earl Vega indicara que el titular del Juzgado primero de lo penal de Almoloya, Jaime Maldonado Salazar, estaba fuera de su jurisdicción y no estaba basando el proceso en argumentos jurídicos.

Y que hasta la fecha el nuevo juez, Alfredo Blas Hernández, sigue la misma línea. “Llegó hasta que se cerró la instrucción y volvió a reabrir el proceso”, que tenia hasta el 13 de abril pasado como fecha límite para emitir sentencia, comenta Zamora en su despacho jurídico.

Además, denuncia, en las 55 audiencias en el penal por los hechos, se dosifican las comparecencias de los policías a cinco u ocho por día. Aún siendo citados, en varias ocasiones éstos ni se han presentado. Son “tácticas dilatorias”, dice Zamora, “actos de tortuguismo”.

Pese a que algunos policías han sido citados por las denuncias de violación, solo se han abierto averiguaciones previas por “abuso de autoridad”.

Para el 10 de mayo de 2006, cuando los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra entran a Altiplano, otro de los delitos que se les imputó fue el de Delincuencia Organizada. Pese que el juez quitó ese cargo, el Ministerio Público insiste en apelar esta resolución, por lo que podría incluirse en la próxima sentencia. “Es una espada de Damocles”, dice Zamora. “¿Porqué el Tribunal Superior de Justicia no lo ha resuelto en un año?”, cuestiona.

“Todas las batallas jurídicas que hemos ganado las sigue ignorando el Juez”, analiza la litigante.

A Rosa Nelly le han dicho los custodios que “hay muchos olvidados”. Debido a ello, no se sabe qué sucede con los 470 pesos que mensualmente tienen derecho a recibir via postal. Los gendarmes “son servidores públicos, pero actúan como empresas privadas”.

La Suprema Corte interviene

Catalina González

Cónyuge de Felipe Álvarez, activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el caso para investigar si existieron violaciones al artículo 97 constitucional, luego de que el juez Genaro Góngora Pimentel hiciera la petición al pleno.

Recibieron once cajas con pruebas y elementos probatorios. Estas incluían testimonios, certificados médicos, fotografías y el informa de la Comisión Civil Internacional por la Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), que comenzó un informe apenas unos días después de los hechos de violencia en Texcoco y Atenco.

Explica Bárbara Zamora, “el pleno (de la Corte) dijo que lo contemplaría y crearía una comisión investigadora. Y aceptó”. Y esta comisión está integrada por dos magistrados, quienes determinarán quién ordenó el operativo policiaco.

“Enrique Peña Nieto aceptó ‘yo ordené el operativo’, pedimos castigo a los responsables” comenta Trini, quien agrega, pasan también por el expresidente Vicente Fox Quesada, el comandante de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) Wilfrido Robledo y el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal Eduardo Medina Mora.

“Lo único que nos queda es apoyarlo”

Rosa Nelly comenta algunos roces que, al paso del tiempo, no han permitido un apoyo mutuo entre quienes defienden a los presos. “¿Qué dijo (el subcomandante) Marcos? ‘no nos iremos hasta que salgan los presos’ … y se largó. ¿Voy a esperar que cumpla su palabra? ¿Qué acción ha hecho él?”.

Reflexiona un momento y comenta que por quien sí puede sentir admiración y respeto es por los que mantienen el plantón en la prisión de Santiaguito. “Esos son los verdaderos héroes que están dando la lucha”.

“Héctor estaba con el pueblo y ellos debían tomar el asunto”. Para la madre del abogado preso, el apoyo para con los procesados ha sido endeble. Incluso, comenta, no es común que estén los familiares de los presos en Santiaguito en el plantón, como podría parecer.

“Si hubiera 28 padres y 29 madres haríamos 58 personas.... y en realidad (con los del plantón) ni nos conocemos. Es algo que no me explico”.

“Es una injusticia, lo único que hicieron fue ayudar a su gente. Ya no tienen de dónde agarrarse”, dice Catalina sobre su pareja Felipe Álvarez.