
Aunque críticos unos con otros, justo enfrente de ellos, conviven con el megaplantón de aquellos cuya consigna es el “Voto por voto”, con quienes parece haber cierto acercamientos.
Hay buena comunicación con “la gente del pueblo que están defendiendo su voto pero existe ese sentimiento de solidaridad. Mas tarde que temprano vamos a encontrar un camino juntos”, opina Alejando Peláez, del Grupo Salud y Conciencia.
Este tres de agosto se cumplieron tres meses de la represión, y cuatro años de que se derogó el decreto expropiatorio que permitía la venta de terrenos de San Salvador Atenco, Estado de México para construir un aeropuerto, proyecto que se canceló con fuertes movilizaciones y la muerte del campesino José Enrique Espinoza Juárez.
Por ello, no es casualidad que Hortensia y Sandra, del FPDT sigan en resistencia para “levantar la oleada de miedo” que azotó al municipio mexiquense en mayo pasado.
“Es una venganza por todo lo que ha hecho el Frente. Sabemos que la situación es un tanto jurídica pero también que es de mucho peso político”. No ha sido fácil, en tanto han cambiado a los jueces y al personal administrativo o encuentren trabas hasta porque se encuentren “ilegibles” las fotocopias.

Para los veintisiete presos en Santiaguito y los tres en el penal federal de Altiplano (antes La Palma), las cosas no pintan bien. Ninguno tiene sentencia aún, y de los tantos policías indiciados por el operativo del 3 de mayo, solamente llamaron a cinco, sin aludir las denuncias por torturas, violaciones y delitos de lesa humanidad. La siguiente audiencia está programada hasta el 16 de agosto. Solo un policía de la Agencia Estatal de Seguridad ha tiene orden de captura por “actos libidinosos”
Por ejemplo, Ignacio del Valle Medina recibe una visita por media hora cada ocho días, en las que puede recibir cartas y 300 pesos mensuales para sus gastos. A Ignacio se le acusa de Secuestro Equiparado y Ataques a las Vías de la Comunicación los días 6, 7 y 8 de febrero, 6 de abril y 3 de mayo. De los amparos interpuestos, se les ha negado uno.
Aún cuando habla por teléfono una vez por semana para saludar y decir que está bien, sus familiares reconocen que ha recibido patadas por preguntar dónde está el Juzgado.
Ni su abogada, Bárbara Zamora, tiene mayor contacto que el frío acrílico, a través del cual se comunica con un papel. Lo pudo ver hasta después de dos meses y medio, cuando las huellas de los golpes ya habían desaparecido.
En el caso de Felipe Álvarez y Héctor Galindo, presos en La Palma, ambos permanecen en aislamiento casi total. Se les negó la atención médica particular o del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, lo cual contraviene leyes nacionales e internacionales sobre el respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad.
“Nada nos asegura que los hayan atendido”, les dice la abogada. A Álvarez solo lo ha visto su hermano, pero Galindo no ha podido ver a su madre.
Felipe Álvarez recibió un golpe en la rodilla que le impidió asistir a una audiencia. Su hermano relató que “su pie y su rodilla estaba hasta negro”.
Otro hecho reciente marca una pauta en este largo caudal de inconsistencias. Por ejemplo, que a David Medina Neri, atenquense de 42 años preso en Santiaguito, lo hayan encerrado en la celda de castigo por denunciar los golpes recibidos por un custodio cuando fue a recibir atención médica por una gripa.
“El Director (del penal) niega todo lo sucedido”. A la versión de que él habría llamado la atención al custodio, lo negó. “Dice que nunca estuvo enfermo, que no estaba acatando las ordenes“, explica Hortensia..

Alfredo Cruz, esposo de Magdalena García Durán, comerciante mazahua, la visita cada sábado y le llama por teléfono diariamente. En el penal estatal ella no quiere estar sentada, pasiva, por lo que trabaja haciendo artesanías. Lleva dos manteles y dos servilletas.
Don Alfredo le lleva una revista de bordados de punto de cruz, para que siga en su chamba. Anda “medio medio”, dice.
“El Juez Segundo de lo Penal dice que cómo iba a estar seguro él de que (Magdalena) es mazahua cuando él pudiera hablar en inglés y no es precisamente de Estados Unidos”.
“Desde un principcio” se le ha negado un intérprete que explique los términos jurídicos de su expediente, ya que no entiende bien el español, aunque domina el mazahua. Este hecho es violatorio del Artículo 8, Inciso 2/a de la Convención Interamericana de Derechos Humanos ratificada por el gobierno mexicano, que protege el “derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”.
Mientras en la Plaza de la Constitución, algunos militantes del Partido de la Revolución Democrática esperan la presencia y el discurso del dirigente Andrés Manuel López Obrador, otros pocos se acercan al de los campesinos que vencieron “a un monstruo llamado gobierno” hace cuatro años.
“Es increíble que no se sepa en el país. Todavía preguntan si es cierto y se les da la información necesaria”.
Con curiosidad, ven el video Romper el Cerco, producido por Canal Seisdejulio u oyen las rolas de Cayo Vicente, o la poesía de un miembro del Comité 68, junto con señores y señoras con machete en mano y cajas de cartón que simbolizan los féretros de Javier Cortés Santiago y Alexis Hollín Benhumea Hernández. Los volantes y las películas son una herramienta para contrarrestar “toda esa campaña de miedo”.
“Mientras haya presos políticos no va a haber democracia en este país, así les cuenten voto por voto. El Estado se quiere cobrar el triunfo de los compañeros de Atenco en el 2001”, refirió Alejandro.
“No se vale que la gente del pueblo tengamos gobiernos que nos repriman, nos manden a encarcelar, golpear, a violar” remarca don Alfredo.